En el caso de solicitantes con discapacidad, el funcionario podría verse en la necesidad de adoptar medidas de carácter práctico diferentes para garantizar la comunicación con el solicitante (p. ej., intérprete del lenguaje de signos, mayor tipo de letra para los materiales escritos). En el caso de solicitantes con discapacidad intelectual, en función del grado de gravedad de esta, el funcionario debe adaptar el uso del lenguaje, repeticiones, etc., o puede necesitar tomarse más tiempo.