El sistema nacional puede contemplar que haya funcionarios especializados en tratar con casos de orientación sexual o identidad de género. Aunque para las peticiones formuladas por miembros de los colectivos de LGBTI puede no haber funcionarios especializados, al abordar la reasignación de género, por ejemplo, puede haber leyes nacionales que deban aplicarse en relación con la identidad y la revelación de información que el funcionario necesitará conocer.  Remítase a la práctica nacional.