Debe procurarse que los menores que hayan sido víctimas de cualquier forma de abuso, negligencia, explotación, tortura, trato cruel, inhumano o degradante o que hayan sido víctimas de conflictos armados tengan acceso a servicios de rehabilitación, atención psicológica adecuada y asistencia cualificada [artículo 23, apartado 4, de la DCA (refundida)]. Sobre la base de la evaluación exhaustiva de las necesidades del niño, el funcionario responsable debe, en caso necesario, remitir al menor a los servicios de rehabilitación pertinentes.