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LA23P1

Enviado por Christine Micallef el

Si lo permite la práctica nacional, tenga en cuenta el sexo del solicitante y/o el sexo que prefiere que tengan el funcionario responsable y el intérprete que se asignarán al caso.

LA22P6

Enviado por Christine Micallef el

El sistema nacional puede contemplar que haya funcionarios especializados en tratar con casos de orientación sexual o identidad de género. Aunque para las peticiones formuladas por miembros de los colectivos de LGBTI puede no haber funcionarios especializados, al abordar la reasignación de género, por ejemplo, puede haber leyes nacionales que deban aplicarse en relación con la identidad y la revelación de información que el funcionario necesitará conocer.  Remítase a la práctica nacional.

LA22P5

Enviado por Christine Micallef el

En función de la práctica nacional, puede haber funcionarios especializados a los que se asignen estos casos. Remítase a la práctica nacional. 

LA22P4

Enviado por Christine Micallef el

Los funcionarios que trabajen con personas que han padecido formas graves de violencia y que pueden sufrir traumas deben recibir la formación adecuada en relación con las necesidades especiales de estos solicitantes. 

LA22P3

Enviado por Christine Micallef el

El sistema nacional puede contemplar que haya funcionarios especializados en tratar con personas con necesidades especiales. Remítase a la práctica nacional.

LA22P2

Enviado por Christine Micallef el

El sistema nacional puede contemplar que haya funcionarios especializados en tratar con víctimas de trata de seres humanos. Remítase a la práctica nacional.

LA22P1

Enviado por Christine Micallef el

Los funcionarios que trabajen con niños recibirán la debida formación relativa a las necesidades de estos, y han de poder tratar con ellos de un modo adecuado a su edad y grado de madurez. En función de la práctica nacional, puede haber funcionarios especializados a los que se asignen estos casos.

LA21P2

Enviado por Christine Micallef el

En relación con la trata de seres humanos, puede haber políticas nacionales que establezcan periodos de reflexión en los que el proceso de toma de decisiones relativas al asilo se suspenda o se prolongue.